Resumen de apuntes: las reformas borbónicas

En el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones al trono español, se realizaron una serie de reformas que tenían como objetivo la castellanización y la centralización de la estructura política del reino. Esta forma de gobernar se denominó "despotismo ilustrado". El rey pretendía ganar así mayor poder sobre la justicia, lo eclesiástico y la burocracia.

Felipe V fue el primero en aplicar una serie de reformas. Llegó al trono español en 1701 rodeado de ministros franceses y luchó por mantenerse contra los partidarios del Archiduque Carlos en la guerra de Sucesión. En 1702 suprimió el consejo de Flandes introduciéndolo en el consejo de Castilla y, cuando venció en Aragón en 1707, suprimió también el de allí. En el consejo de Castilla también hubo modificaciones, como la ampliación del número de presidentes del mismo, que pasó del presidente único tradicional a cinco con igual potestad. En 1705 se creó la Secretaría del Despacho Universal, dividida en "Guerra y Hacienda" y en otra secretaría que se dedicaba al resto de asuntos, como los judiciales o los eclesiásticos. Comienza de esta manera la aparición de ministerios y la burocratización de la administración. En 1714 la Secretaria de Despacho Universal pasó a contar con cuatro secretarías diferentes: la de Estado, la de Marina e Indias, la de Guerra y la de Justicia y asuntos eclesiásticos. Surge así la especialización, que es el principio básico de la estructura política moderna.

A partir de ese momento comienza una nueva etapa en el reinado de Felipe V caracterizada por la contrarreforma. El Consejo ha perdido tanto poder y la estructura política cambia tanto que la tradición pesa. En 1715 se reduce de nuevo el número de secretarías a tres ("Estado", "Justicia" y "Guerra y Marina", en la que se incluían los asuntos de indias) y se vuelve a la presidencia única en el Consejo. Aun así los ministerios siguieron ganando fuerza frente al Consejo, y la incompatibilidad de ambas entidades dio lugar a la prohibición de ser consejero y secretario a la vez. Con la llegada de Grimaldo a la secretaría de Estado se vuelve al modelo francés y, en 1721, se reorganizan las secretarías en cinco: "Estado", "Hacienda", "Justicia y Gobierno Político", "Guerra" y "Marina e Indias".

En el reinado de Fernando VI fue secretario de Estado Carvajal, quien defendía la existencia de un primer ministro, y Ensenada de Hacienda, Guerra y Marina e Indias.

En el reinado de Carlos III, quien pasó a la historia como el rey ilustrado por excelencia, vivió dos etapas en su reinado bien diferenciadas:

En la primera etapa se rodeó de ministros extranjeros, entre los que destacan Grimaldi, secretario de Estado, y Esquilache, secretario de Guerra. Solo Arriaga era español en su Secretaría de Despacho Universal. Tras el llamado "motín de Esquilache" en el que el pueblo se sublevó contra la nueva ley de no llevar la ropa tradicional, entre otras, Carlos III decidió cambiar la estructura de su gobierno.

Floridablanca fue nombrado secretario de Estado, además de secretario de Gracia y Justicia, y se mantuvo en su puesto entre 1776 y 1781. Él creó la Suprema Junta Ordinaria y Perpetua del Estado, posteriormente Junta Suprema de Estado, en la que por primera vez las diferentes secretarías se reunían de manera oficial para discutir sobre asuntos que sobrepasaban la potestad individual de cada secretaría y para dirimir conflictos entre ellas. Se reorganizaron las secretarías en "Estado", "Guerra", "Marina", "Hacienda" y "Justicia", estructura que se mantuvo ya hasta la creación del Estado constitucional.

Respecto a la organización territorial, en este siglo los virreinatos pasaron a ser provincias con un Capitán General al frente el cual tenía poder gubernativo, judicial y militar. Estas capitanías eran once: Aragón, Asturias, Canarias, Castilla la Vieja, Cataluña, Galicia, Extremadura, Granada, Mallorca, Sevilla y Valencia. Dado que Aragón y Valencia defendieron al archiduque Carlos, los Decretos de Nueva Planta eliminaron sus fueron y en 1707 les subordinaron plenamente a las leyes castellanas, hasta el punto en el que el uso del valenciano quedó prohibido. Cataluña y Mallorca no fueron castigadas de la misma manera y el catalán siguió utilizándose en las escuelas primarias y en el ámbito privado. Por otro lado, Navarra conservó sus fueron y su organización judicial (Consejo de Navarra) por aceptar desde el comienzo a Felipe V como rey legítimo, y las Vascongadas mantuvieron los fueros y organismos forales excepto en Guipúzcoa, donde por ser fronteriza se colocó un Capitán General.

Con las nuevas organizaciones aumentaron los corregidores, quienes podían ser de letras o de “capa y espada”, es decir, militares. A partir de 1783 pasan a ser funcionarios de carrera. En Aragón y Valencia mientras duró la guerra surgieron los intendentes, quienes tenían atribuciones financieras, judiciales, militares y políticas. Su tarea principal era organizar las tropas, pero fueron cogiendo fuerza, empezaron a aparecer en provincias sin tropas y se mantuvieron en sus puestos una vez acabada la guerra (se institucionalizaron en 1718). Empieza en ese momento a haber críticas contra la poca claridad de sus competencias y por ello fueron eliminados los que no tenían tropas en 1721. Sin embargo las intendencias pasaron a ser el intermedio entre el poder central y los corregidores de las capitales. Carlos III dividió por ello en 1766 las labores, ocupándose las intendencias de los asuntos militares y de hacienda y los corregidores de lo judicial y de la policía.

Por último, Carlos III, en consecuencia del malestar popular por la poca representación en el poder, creó los puestos de Procurador Síndico Personero, quien defendía los intereses vecinales, y los de Diputados del Común, elegidos cada año (a partir de 1769 cada dos años) y quienes poseían derecho a voto en la Junta de Propios y Arbitrio y cierto derecho a participación en las Juntas de Policía. En 1768 Carlos III creó también el puesto de Alcalde de Barrio, que se debían ocupar de la salubridad, la policía y el alumbrado.